Por Catalina Mendoza

Si se toma al azar cualquiera de los documentos que aparecen en la página del Ministerio de Educación Nacional como la bibliografía en la que se basa la reforma universitaria presentada por Santos y la Ministra María Fernanda Campo, se verá que en esta materia, como en todas, el gobierno se ha limitado a seguir al pie de la letra las orientaciones de los amos de las finanzas.

Por Alfonso Hernández

En el Foro sobre el Impacto de la Inversión Privada en la Educación Superior, la ministra María Fernanda Campo anunció algunos remiendos al plan oficial de reforma que ni siquiera alcanzan a disimular el vergonzoso mercantilismo. Con la maniobra pretende neutralizar a algunos sectores, disminuir la resistencia y hacer creer que tiene en cuenta las opiniones de la comunidad universitaria. Anunció que espera que “la concertación” termine en julio, para presentar el proyecto de ley al Congreso en el próximo semestre y reconoció que todo lo esencial del primer articulado se mantiene tal como estaba, lo cual hace patente la contumacia del régimen de Santos en sus designios privatizadores.
Intenta la ex presidenta de la Cámara de Comercio ganar respaldo para las sociedades anónimas de educación superior ofreciéndoles un mendrugo a las instituciones estatales: “Se establecerá que un porcentaje de la renta gravable de la IES [Instituciones de Educación Superior] con ánimo de lucro sea destinado a un fondo de garantías para otorgamiento de crédito educativo, así como para el fortalecimiento de las IES públicas.” De tal manera que a éstas les tocará orar para que los pulpos engorden y de su opulento banquete les caigan algunos desperdicios. A un proyecto ya bastante mezquino, ahora se le añade la humillación.

Por Alfonso Hernández

Entre las muchas falsedades a las que ha acudido la ministra para defender su articulado de reforma a la Ley 30 destaca aquella en la que afirma que los cambios propuestos por el gobierno no menoscaban la autonomía universitaria. Sostuvo que las alianzas de las instituciones de educación superior públicas con firmas privadas no implican una interferencia de éstas en la institución educativa; pues, según aseveró: el empresario no va a estar en el Consejo Superior, ni a influir en las matrículas, ni en los programas que se ofrecen, eso no lo plantea ni lo permite el proyecto. La mentira es patente, ya que la “propuesta” oficial mantiene la disposición de la Ley 30 de 1992 que estableció que “el sector productivo” tiene asiento tanto en los consejos superiores de cada institución como en el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU.

Por Alfonso Hernández

El pasado jueves 10 de marzo, el presidente de la República presentó ante unos quinientos invitados a la Casa de Nariño, entre los cuales figuraban rectores y otras autoridades académicas, el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992; un paquete de 13 títulos y 164 artículos, que comprende los más diversos temas. Que una enmienda semejante se hubiera confeccionado sin siquiera un ademán de consulta a la comunidad universitaria constituye no sólo una afrenta, sino que anticipa la esencia de la política educativa del gobierno de la Unidad Nacional: puesto que la sed de lucro va a imperar, no serán los eruditos ni los profesores los que cuenten sino los gerentes, es decir, los emisarios directos de los financistas. El propio perfil de la ministra María Fernanda Campo confirma esta aseveración; reclutada en las oficinas de la Cámara de Comercio de Bogotá sólo la acredita para desempeñarse en la cartera que rige la enseñanza el ser experta en los tejemanejes mercantiles. La advertencia es clara: la educación en Colombia no necesita sabios sino Shylocks.